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La reciente reforma histórica busca ordenar la faena artesanal, regular el autoconsumo rural y comercializar carnes de jabalí y guanaco. Entre el pragmatismo económico frente a las plagas y la queja de ambientalistas por la fauna nativa.
4 de septiembre de 2026. La reciente sanción de la nueva Ley de Carnes en Río Negro marca un punto de inflexión histórico para la producción patagónica. Impulsada de forma decidida por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo provincial, la iniciativa logró un contundente respaldo político en la Legislatura (35 votos a favor contra 6 en contra).
Lejos de presentarse como una simple desregulación, la normativa llega para cubrir un vacío legal de más de 35 años, aportando trazabilidad, inocuidad alimentaria y transparencia a una actividad productiva que ya operaba en la informalidad de los campos sureños.
El jabalí en la mira: de plaga del agro a recurso comercial
El eje central de la ley —y sobre el cual existe un consenso absoluto entre productores, científicos y legisladores— es el jabalí europeo. Catalogado unánimemente como una especie exótica invasora y una plaga agropecuaria en alarmante expansión, el jabalí provoca graves destrozos en los suelos, daña las pasturas y ataca cultivos.
Aunque su caza deportiva ya estaba permitida sin límites de temporada, su carne solía comercializarse en circuitos clandestinos sin ningún tipo de control sanitario. La nueva legislación establece que toda carne de jabalí destinada a las góndolas y restaurantes debe procesarse obligatoriamente en frigoríficos y plantas de faena habilitadas.
Esto permite canalizar la extracción de la plaga hacia el mercado de consumo formal, garantizando análisis bioquímicos clave de laboratorio para prevenir enfermedades humanas graves como la triquinosis.
Los argumentos a favor: economía formal y arraigo rural
Quienes defienden con énfasis la reforma argumentan que la ley no promueve una matanza indiscriminada, sino un aprovechamiento responsable, formal y controlado del recurso de la estepa. Desde la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro celebran que la norma fije reglas de juego claras, simplifique la comercialización legítima y cree la figura de “establecimientos artesanales” (unidades con un tope de faena de 500 kg diarios), permitiendo que pequeños productores locales agreguen valor legal a través de embutidos o chacinados.
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Asimismo, en un contexto de caída del consumo de carne vacuna tradicional por motivos económicos, la carne de guanaco y jabalí se presenta como una alternativa de proteína magra, saludable y de menor costo para la población rural y urbana.
En paralelo, la ley salda una demanda histórica del campo profundo al regular el autoconsumo familiar, permitiendo el transporte legal de carne ovina y vacuna propia mediante una guía oficial y la presentación del cuero marcado del animal.
La queja de los ambientalistas: la falta de censos del guanaco
El punto que despertó fuertes fricciones y el rechazo de asambleas socioambientales y legisladores de la oposición es la inclusión del guanaco dentro del esquema comercial.
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Las críticas apuntan a que la provincia de Río Negro habilitó la comercialización de este animal silvestre nativo sin contar con censos poblacionales locales actualizados ni estudios científicos rigurosos de base realizados en su propio territorio.
Quienes se oponen advierten que, a diferencia de Santa Cruz —que cuenta con una población masiva testeada de más de un millón de ejemplares—, replicar el modelo en Río Negro sin mapas demográficos certeros expone a la fauna autóctona a un riesgo real de sobreexplotación con fines de lucro.
Regulación dinámica: el Estado como árbitro científico
Para responder a estos temores y evitar desbordes ecológicos, la ley no establece cupos fijos de extracción. En su lugar, diseña un mecanismo dinámico de control: delega expresamente en la Dirección de Fauna provincial la facultad obligatoria de establecer, año a año, los cupos máximos permitidos, las temporadas exactas de veda y las zonas específicas habilitadas para la actividad.
Aquellos que incumplan la norma o comercialicen fuera del circuito de frigoríficos afrontarán multas severas que van desde el equivalente en dinero de 200 hasta 5.000 kilogramos de novillo en pie.
El desafío que asume Río Negro es mayúsculo. En la balanza coexisten la urgente necesidad de mitigar una plaga exótica destructiva, el blanqueo de los productores rurales y la oferta de proteínas accesibles frente a la protección irrenunciable de la fauna nativa. El rigor, la transparencia y los datos científicos que aporte el Estado provincial en las próximas temporadas serán los únicos jueces de esta ambiciosa apuesta.
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