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La invasión de jabalíes amenaza la economía rural: un caso en España revela pérdidas millonarias y exige soluciones urgentes.
17 de julio de 2025. Argentina y diversas regiones del mundo enfrentan un problema creciente: la superpoblación de jabalíes. Estos animales, inicialmente un inconveniente en zonas rurales, han invadido áreas urbanas, convirtiéndose en una plaga que afecta a productores, autoridades y hasta los tribunales. Un caso paradigmático en España ilustra el impacto económico y las implicancias legales de esta crisis.
En la provincia de La Coruña, un agricultor ha llevado su lucha contra los jabalíes al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, responsabilizando a la Xunta por no implementar medidas preventivas efectivas desde 2016.
Durante nueve años, este profesional del campo ha documentado pérdidas devastadoras en sus cultivos, con daños que alcanzan entre el 60% y el 100% de las cosechas en más de 17 hectáreas.
Los tribunales ya le han dado la razón en varias ocasiones, otorgándole indemnizaciones como la de 8.962 euros en 2018 y otra de 16.040 euros a cargo de los cazadores que gestionan los terrenos afectados.
A través del despacho de abogados Bgi-Law, el agricultor busca no solo una compensación por los daños acumulados entre 2016 y 2024, sino también establecer un precedente que obligue al gobierno estadual a adoptar medidas efectivas para controlar la población de jabalíes. La denuncia subraya la falta de acción gubernamental, que ha permitido que esta plaga cause estragos en la producción agrícola, afectando los ingresos de los productores y elevando los costos de los alimentos.
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Los productores alertan que la situación exige políticas públicas que equilibren la conservación de la fauna con la protección de la actividad agrícola, un sector vital para la economía. Mientras tanto, los cazadores en Galicia temen que una sentencia desfavorable los obligue a asumir multas significativas, lo que podría desincentivar su rol en el control de esta especie invasora.
Recordemos que en España, los cazadores desempeñan un papel central en el control del jabalí, especialmente en las zonas con emergencia cinegética. Aunque no hay un salario directo por su actividad, sí existen ayudas económicas regionales o locales: a veces por pieza abatida, a veces subvenciones integrales para cubrir los costos. El régimen es variable entre comunidades, pero está siempre controlado por las administraciones y supervisado por guardas autorizados.
La resolución de este caso podría sentar un precedente no solo en España, sino también en otros países como Argentina, donde los productores enfrentan desafíos similares.
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