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Un empleado judicial y dos cómplices se sientan en el banquillo por la sustracción y venta clandestina de 45 armas secuestradas. El debate oral expone una trama de traición familiar y la polémica decisión de la magistrada que instruyó la causa.
RÍO GALLEGOS. 14 de octubre de 2026 La Cámara Criminal de Río Gallegos puso en marcha el juicio oral y público por uno de los hechos de corrupción más graves de la historia institucional santacruceña. El proceso busca determinar las responsabilidades por la sustracción sistemática y comercialización ilegal de un auténtico arsenal de 45 armas de fuego de distintos calibres. Todas ellas debían estar resguardadas de manera segura en el depósito del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1 de Río Turbio.
El tribunal del debate está presidido por la Dra. María Alejandra Vila. La acompañan los vocales subrogantes Carlos Arenillas y Yamila Bórquez. La acusación es sostenida por la fiscal de Cámara, la Dra. María Verónica Zuvic. En el banquillo de los acusados se encuentran tres imputados: Jorge Francisco Muñoz (señalado como el “empleado infiel” del juzgado), Brian Emanuel Cabana y Rodrigo Ezequiel Sánchez Maldonado. Afrontan cargos por provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad y violación de los deberes de funcionario público.
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El audio de WhatsApp: El padre que rompió el silencio
El entramado delictivo comenzó a desmoronarse el 30 de noviembre de 2024 debido a una interna familiar inesperada. Roque Víctor Muñoz, padre del empleado judicial investigado, descubrió las maniobras clandestinas que realizaba su hijo dentro del edificio judicial. Preocupado por la gravedad de la situación, decidió enviar un mensaje de audio por WhatsApp a su sobrino, el comisario Pedro Conti. En ese momento, Conti se desempeñaba como jefe de la Comisaría de 28 de Noviembre.
La frase reproducida formalmente durante las audiencias del juicio fue contundente: “Jorge sigue sacando las armas del juzgado”. Junto con el audio, el padre adjuntó fotografías de un rifle que estaba siendo efrecido en el mercado negro local. El comisario Conti dio intervención inmediata al área judicial del tribunal. Esto desató una auditoría de emergencia en el depósito de secuestros el 26 de diciembre de 2024, confirmando el faltante crónico de las 45 piezas.
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La polémica de la jueza que se “autoinvestigó”
El inicio del debate estuvo marcado por duros cruces técnicos entre las defensas y la fiscalía. Los abogados de los imputados solicitaron la nulidad absoluta de toda la causa y de los megaoperativos iniciales. El principal argumento apuntó de lleno contra la primera jueza de la instrucción, la Dra. Bettina Bustos.
Las defensas sostienen que existió una grave falta de objetividad. La jueza Bustos decidió investigar el delito en su propio juzgado en lugar de apartarse de forma inmediata. Al “autoinvestigar” un robo ocurrido en sus propias oficinas y bajo la custodia de sus secretarias, la magistrada —quien se jubiló en agosto de 2025— habría viciado la imparcialidad del proceso. Además, alegaron que la comunicación del padre vulneró las restricciones legales que prohíben denunciar a parientes directos.
Por su parte, la fiscal Verónica Zuvic rechazó tajantemente los planteos de nulidad. Argumentó que el padre nunca prestó una declaración testimonial formal ni hizo una denuncia penal. Fue una alerta privada que la policía transmitió legítimamente de oficio. Asimismo, defendió el accionar de la jueza Bustos: “Los actos son válidos, el Juzgado de Recursos dio el ok y no hubo invalidez”. Justificó que las medidas urgentes se ordenaron ante el peligro inminente de que el arsenal ilegal siguiera circulando en las calles del sur santacruceño.
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Declaraciones cruzadas en el banquillo
Durante la primera jornada de testimonios, Brian Cabana accedió a declarar ante el tribunal pero se negó a responder preguntas de las partes. Cabana intentó despegarse del empleado judicial: “A Muñoz solo lo conozco de vista, porque somos del pueblo”. Además, lanzó una dura acusación contra la instrucción: “Bustos me metió en esto; cuando me indagó solo me preguntaba quién más estaba en esto”.
Sin embargo, la fiscalía expuso la declaración indagatoria previa de Sánchez Maldonado, quien se mostró visiblemente conmovido en la sala. En dicha presentación, Sánchez Maldonado había confesado que, dos semanas antes de los allanamientos, el propio empleado judicial Jorge Muñoz le había ofrecido en venta un arma de fuego calibre .45 aprovechando que él solía trabajar en el campo.
Los allanamientos originales de la causa no solo recuperaron parte del armamento bélico, sino también miles de municiones, fajos de dinero en efectivo (pesos y moneda chilena), computadoras y legajos judiciales con información altamente sensible sustraída del tribunal. Tras finalizar la ronda de testigos, la Cámara Criminal confirmó que este miércoles por la tarde se escucharán los alegatos finales y los pedidos de pena. Muñoz, quien asiste al juicio de manera virtual desde Río Turbio, podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión.
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