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Una auditoría interna puertas adentro de la Fuerza desató una purga masiva en la División Armamento. El Gobierno provincial atribuye la situación a un histórico desorden administrativo, pero no descartan radicar una denuncia penal por desvío de armas si las pistolas Bersa 9 mm no aparecen en el corto plazo.
17 de julio de 2026. Un verdadero sacudón institucional sacude las estructuras de la Policía de San Juan. Lo que comenzó como un procedimiento de rutina para relevar los recursos técnicos de la Fuerza terminó exponiendo un caos de control interno que derivó en el desplazamiento total de los efectivos de la División Armamento. Bajo la lupa se encuentra un presunto faltante de hasta 150 pistolas Bersa calibre 9 milímetros. Todas ellas pertenecientes a un lote estratégico de 500 armas adquiridas por el Estado provincial en el año 2022 mediante licitación pública a la firma Punto de Impacto.
Mientras la Jefatura policial intenta rastrear el armamento pieza por pieza, el secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, salió a relativizar la cifra de la pérdida masiva y aseguró que la prioridad actual se enfoca en auditar minuciosamente la documentación administrativa.
¿Cuándo empezó todo? El origen del caso
La génesis de esta polémica no se originó en las oficinas de San Juan, sino a miles de kilómetros, en el norte del país. El caso se activó formalmente el pasado lunes 13 de julio de 2026.
Ese día, la Jefatura de Policía local recibió un oficio judicial urgente enviado por una jurisdicción del norte argentino. Las fuerzas de seguridad de esa provincia habían secuestrado una pistola reglamentaria 9 mm durante un operativo contra la delincuencia común. Al verificar el número de serie de la pieza en los registros del Registro Nacional de Armas (RENAR), saltó una alerta roja: el arma figuraba asignada oficialmente a la Policía de San Juan.
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Ante el requerimiento de la justicia extraprovincial para determinar cómo esa pistola terminó en manos de criminales en otra región, el jefe de la Policía de San Juan, Néstor Marcelo Álvarez, emitió el memorándum 36/2026. Este documento ordenó una profunda auditoría interna “puertas adentro” en los depósitos centrales de la institución. Al cruzar los números de serie del lote de 2022 —especialmente de las líneas de fabricación M y N— las planillas informáticas y el stock físico evidenciaron un bache alarmante que podría alcanzar las 150 unidades sin localizar.
Inconsistencias graves: Subcomisarios con armas de Cabos
Las primeras inspecciones oculares e informáticas destaparon un nivel de desorganización interna alarmante en el manejo del material de fuego de la Fuerza. El relevamiento detectó que el protocolo de asignación nominal de armamento estaba completamente desvirtuado.
Los auditores descubrieron que varios subcomisarios y oficiales de alto rango portaban y utilizaban pistolas que, según los libros de registro oficiales, pertenecían y estaban asignadas a cabos o agentes de rangos inferiores. Estos traspasos informales se realizaban habitualmente de palabra, omitiendo de forma sistemática los canales y las actas de transferencia obligatorias que exige la normativa de seguridad de la provincia.
A este panorama se suma que la Fuerza arrastra una severa deficiencia tecnológica histórica. La Policía de San Juan carece hoy en día de un sistema de legajo digital integrado que permita el seguimiento satelital, individualizado e instantáneo de cada pieza del equipamiento estatal.
Purga en Armamento y la postura oficial del Gobierno
La primera medida punitiva de peso no tardó en ejecutarse. El jefe de la Fuerza dispuso remover de forma inmediata a los siete efectivos que prestaban servicio en la División Armamento. Todos fueron preventivamente separados del área y reubicados en comisarías operativas periféricas y de departamentos cordilleranos lejanos, mientras avanza el sumario administrativo interno. Para normalizar el área y reconstruir el inventario desde cero, se designó al subcomisario Mauricio Osvaldo Montaña al frente de la división.
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Por su parte, el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, se mostró cauto y descartó las versiones periodísticas que daban por hecho el robo masivo de las armas. “No hay en los registros de la Policía de San Juan hoy una pérdida o un faltante de 150 armas“, sentenció el funcionario en declaraciones públicas a medios como el Diario El Zonda y portales locales de noticias.
Delgado argumentó que el “misterio” responde prioritariamente a un grave cuello de botella burocrático y que existe la fuerte hipótesis de que las pistolas Bersa permanezcan almacenadas físicamente dentro de sus cajas de fábrica en algún depósito institucional, pero que nunca fueron cargadas debidamente en las actas de alta del sistema informático general.
Sin embargo, el margen de espera fijado por la cúpula policial tiene un límite estricto. Desde la Jefatura advirtieron que la auditoría general continuará su curso a contrarreloj recopilando la documentación remanente. De confirmarse que el armamento no se encuentra físicamente en ninguna dependencia ni bajo la custodia de ningún uniformado en actividad, las actuaciones administrativas serán remitidas de inmediato a las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) para formalizar una denuncia penal por el delito de robo o desvío ilegal de material bélico.
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