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Se trata de 11 personas acusadas de integrar una organización que desvió al menos 742 armas de fuego de los registros oficiales a circuitos ilegales entre 2022 y 2026.
20 de mayo de 2026. Once personas fueron procesadas con prisión preventiva y embargos millonarios por el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay, acusadas de integrar una organización que desvió de manera irregular al menos 742 armas de fuego de los registros oficiales a circuitos ilegales entre 2022 y 2026.
El expediente se inició en 2024 tras una denuncia de la ex ANMAC, luego de detectar un patrón atípico en la adquisición y transferencia de armas de fuego. El análisis incluyó cruzamientos sobre usuarios que, en un corto período, solicitaron la tenencia de cinco o más armas tras haberse convertido en legítimos usuarios. Muchas veces con ingresos incompatibles con el valor del material adquirido.
La investigación halló que gran parte de las transacciones involucraban pistolas semiautomáticas de calibres 9 mm, .40 y .380. Principalmente de las marcas Bersa, Glock y Taurus. El relevamiento cubrió 147 casos, con inspecciones presenciales en 38 domicilios y la detección de irregularidades en 35 de ellos.
Entre las operatorias detectadas, la Justicia remarcó la utilización de usuarios interpuestos (“testaferros”), armerías, gestores administrativos y facilitadores dentro de organismos de control que permitieron que las armas, aunque formalmente registradas, no permanecieran en poder de sus titulares ni en los domicilios declarados.
Del informe oficial se desprende que 742 armas de fuego registradas a nombre de los involucrados no fueron halladas en poder de estos ni en los lugares declarados para su guarda. El número de armas perdidas podría superar las 2 mil unidades. Se comprobó, al mismo tiempo, que algunas tuvieron como destino Chile y Uruguay.
La banda
De acuerdo con el fallo, Ricardo Javier Mascato fue señalado como jefe u organizador, encargado de coordinar la compra de armas mediante terceros y de impartir instrucciones para la adquisición y cesión del armamento a personas no habilitadas.
Entre los procesados con prisión preventiva figuran, además de Mascato:
- Martín José Núñez (reclutador de usuarios y beneficiario de pagos por operación),
- Walter Claudio Nahuel Moreno (funcionario policial y gestor de trámites administrativos, procesado también por incumplimiento de los deberes de funcionario público),
- Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras (instructor de tiro y mandatario registral),
- Mirta Vanesa Lazzati (usuaria y participante en transferencias de armas),
- Daniel Níver Iglesias (titular de armería La Perdiz),
- Yanina Micaela Ribeiro y Daniel Alberto Ribeiro (armería La Nona),
- Pablo Augusto Iannarelli y Fernando Héctor Rodríguez (ambos con participación en gestiones y certificaciones dentro del sistema) y
- Roberto Daniel Rean (mandatario y partícipe en transferencias irregulares).
Las medidas cautelares incluyeron el embargo de bienes de los acusados. Para Mascato, el monto máximo fue de $120.000.000. Para el resto de los procesados la suma fijada fue de $100.000.000 cada uno.
La calificación legal impuesta por el juzgado es la de asociación ilícita agravada. Todos deberán responder en calidad de coautores, excepto Mascato como organizador.
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