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La medida entró en vigor el pasado 9 de septiembre, tras la publicación del Decreto 1368 en el Diario Oficial. La suspensión general había sido adoptada en diciembre de 2015, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.
18 de septiembre de 2026. (EFE).- El gobierno colombiano levantó el martes la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego, ya que el presidente Abelardo de la Espriella argumentó que la restricción anterior ponía a los ciudadanos respetuosos de la ley en desventaja en comparación con los delincuentes.
«Durante la campaña, dije que iba a levantar la suspensión de los permisos para portar armas de fuego. No es justo que los delincuentes estén armados hasta los dientes mientras que la gente decente no puede defenderse», dijo en un video publicado en sus redes sociales.
De la Espriella confirmó a los televidentes que esto no significa portar armas de fuego indiscriminadamente. Más bien, dijo, los controles, requisitos y permisos emitidos por las autoridades competentes se mantendrán vigentes.
«Lo que está terminando es la suspensión general que convirtió la prohibición en norma», agregó De la Espriella, quien argumentó que «la seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando a los ciudadanos respetuosos de la ley mientras se deja armados a los delincuentes».
La suspensión general había sido adoptada en diciembre de 2015, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Dos presidentes posteriores de lados opuestos del espectro político: el conservador Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro la prorrogaron.
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Qué cambia y qué NO cambia en la práctica
La entrada en vigencia del Decreto 1368 significa que:
- Se restablecen los permisos vigentes. La medida beneficia de forma directa a un universo estimado de 700.000 ciudadanos. Quienes ya cuentan con permisos individuales válidos expedidos por el Estado recuperan su plena vigencia para circular en la vía pública.
- Se mantienen los controles estrictos. El monopolio de las armas continúa de manera exclusiva en manos del Estado a través de las Fuerzas Militares. Cualquier persona que aspire a obtener un permiso nuevo deberá someterse a exámenes de aptitud física, salud mental, verificación de antecedentes judiciales y pericia técnica en el manejo del arma.
- No cambian las consecuencias penales vigentes. Quien porte o trafique un arma por fuera del circuito legal del Estado se expone a condenas de hasta 12 años de prisión.
Como era de esperarse, la flexibilización no fue apoyada por la izquierda colombiana. Entre quienes se oponen encontramos a Antonella Petro. La joven, hija del expresidente Gustavo Petro, alertó sobre el riesgo de que conflictos cotidianos, como una discusión de tránsito o una riña durante una fiesta, deriven en hechos violentos por la mayor circulación de armas de fuego.
Es decir el mismo discurso al que nos tienen acostumbrado las organizaciones desarmistas en Argentina.
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