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A través de los Decretos Legislativos N.° 1743 y N.° 1744, el Ejecutivo reformó el marco de defensa propia e incrementó las sanciones contra el desvío de armamento.
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
El Gobierno de Perú promulgó reformas penales para reforzar la seguridad ciudadana y amparar a quienes repelen actos delictivos. Mediante el Decreto Legislativo N.° 1743, publicado en El Peruano, se modificaron el Código Penal y el Código Procesal Penal para evitar que los ciudadanos que actúan en defensa propia enfrenten detenciones preventivas o procesos prolongados.
Presunción de racionalidad y archivo inmediato en etapa fiscal
La reforma introduce una presunción legal de racionalidad a favor de quien ejerce la legítima defensa ante una agresión actual. Con este cambio se invierte la carga de la prueba, recayendo en el Ministerio Público demostrar la existencia de un posible exceso.
- Motivación judicial cualificada: Toda resolución que descarte la presunción requiere fundamentación expresa bajo sanción de nulidad.
- Aplicación a causas en trámite: La exigencia de motivación reforzada rige también para expedientes en curso.
- Archivo fiscal obligatorio: Se obliga a los fiscales a emitir un pronunciamiento definitivo disponiendo el archivo inmediato si se cumplen los requisitos de defensa propia.
- Presupuestos vigentes: Se mantienen como condiciones la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio y la falta de provocación.
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Duras sanciones contra el préstamo, alquiler y falsificación de armas de fuego
A través del Decreto Legislativo N.° 1744, el Ejecutivo busca cortar el suministro de armamento legal al crimen organizado. La norma sanciona con prisión efectiva a titulares de licencias que faciliten, presten o alquilen armas a terceros para delinquir, además de tipificar la alteración de números de serie, el uso indebido de licencias y las declaraciones falsas sobre pérdida de armamento.
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Impacto judicial y alcance del paquete de seguridad
Desde el Ministerio de Justicia destacaron que las medidas diferencian entre el ciudadano que protege su vida y las estructuras criminales. Aunque especialistas advirtieron posibles debates constitucionales sobre la carga probatoria, el Gobierno defendió la urgencia de la reforma para frenar la violencia.
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